La violencia de género es un problema histórico en el Ecuador. En el 2007, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, declaró a la erradicación de la violencia de género como prioridad nacional y dispuso a las varias instituciones del Estado crear un plan interinstitucional para acabar con estas prácticas que se dan, principalmente, contra las mujeres, niñas y adolescentes del país, pero también en contra de miembros de la comunidad GLBTI.
Con la captura de Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de la abogada María Belén Bernal dentro de la Escuela Superior de Policía, el Gobierno del Ecuador reafirmó su intención de que los delitos de violencia contra la mujer en el país no queden impunes.
Un compromiso complicado de cumplir, en un país donde la tasa histórica de sentencias por femicidio no supera el 30% de casos.
Apenas Cáceres ingresó a la cárcel de alta seguridad, el mandatario fijó la posición de su Gobierno.
“Que esto sirva de precedente en el país: no permitiremos que ningún acto de violencia contra la mujer quede impune”, señaló. Hasta el 15 de noviembre se registraron 272 femicidios en el país, siendo el año más violento para las mujeres en la historia.
Según ALDEA, Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, el Estado “no cumple de manera efectiva con sus obligaciones, no garantiza derechos”.
Esta organización señala que, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 15 de noviembre de 2022, un total de 1 317 vidas de mujeres y niñas han sido arrebatadas por la violencia machista.